La trata de personas continúa siendo hoy uno de los crímenes más aberrantes contra los derechos humanos, la dignidad y de la libertad de las personas a nivel mundial. El desconocimiento sobre la real situación en la materia, debido en gran parte a la falta de mecanismos institucionales que aborden y recopilen información, pero también a la dificultad de su medición, vuelven a la trata de personas, sus delitos asociados y las violaciones a los derechos humanos que de ellos se desprenden, una temática que requiere un abordaje generalizado urgente.
Los datos son alarmantes y varían dependiendo la fuente. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estiman que unas 800.000 personas son víctimas de trata a través de las fronteras internacionales anualmente. El departamento de Estado de los Estados Unidos de América estima unas 24,9 millones de personas a nivel mundial (Trafficking in Person Report, 2019). Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC, 2018) –oficina global por excelencia dedicada al abordaje de estas temáticas– indica que desde el año 2003, fueron registrados más de 225.000 víctimas de trata en todo el mundo, siendo el año 2016, pico histórico con más de 24.000 víctimas, de las cuales más del 70% son mujeres y niñas.
Este año, 2019, la UNODC hace un llamamiento a los Estados a cumplir los compromisos asumidos en el Protocolo de Palermo, de proteger a las víctimas, procesar a los responsables y prevenir el tráfico, porque si bien, desde la suscripción de la Convención contra el Crimen Organizado en el año 2000 y, a pesar de que se registra a nivel mundial una toma de conciencia por parte de los gobiernos en el combate a la trata de personas, a través de la sanción de marcos jurídicos y otros esfuerzos implementados destinados a la identificación y la protección de las víctimas, a nivel mundial, las personas continúan siendo objeto de trata y en muchos lugares aún se continúa criminalizando a las víctimas mientras la impunidad de los traficantes prevalece.
La implementación de políticas –nacionales, y de cooperación internacionales– destinadas a combatir este tipo de delitos organizados requiere necesariamente de información sólida que permita definir los espacios en los que debemos focalizarnos para combatirla y, además, comprender la complejidad y multidimencionalidad de este tipo de delitos.
Un abordaje integral de la temática, requiere del involucramiento de múltiples actores que van desde la sociedad civil, a través de la denuncia de actividades sospechosas, el establecimiento canales institucionales adecuados para realizar dichas denuncias, hasta los diversos sectores económicos y empresariales quienes deben comprometerse en la adopción de medidas para eliminar el trabajo forzoso y la cadena de suministro. Es necesario entonces que todos tomemos parte, generemos conciencia al respecto, sean empoderados sectores estratégicos, se implementen mecanismos de control y se desarrollen respuestas trasnacionales coordinadas.
Para ello, desde REDii dedicamos el primer numero de la Serie “Seguridad y Derechos Humanos” a la temática del tráfico y trata de personas, a efectos de brindar herramientas que permitan dar claridad respecto a qué hablamos cuando hablamos de “trata de personas y tráfico de migrantes”. Te invitamos a leerlo.