En enero de 1998, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) manifestó que el derecho al desarrollo es: “multidimensional, integrado, dinámico y gradual”. Éste conlleva la plena observancia de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Por otra parte, también comprende diferentes conceptos como el de desarrollo sostenible, desarrollo humano e indivisibilidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos.

El desarrollo implica el seguimiento a los derechos humanos por parte de la comunidad internacional, en la cual los individuos tienen un papel preponderante dado que son la principal fuerza que construye ese desarrollo. Asimismo, este no debe ser concebido como el acto de caridad de un Estado paternalista, sino como el proceso que los sujetos miembros de un país impulsan para el crecimiento de todas las esferas sociales. De este modo, el papel de un gobierno debe subsumirse al de otorgar políticas públicas orientadas al desarrollo de capacidades que generen mecanismos de pertenencia e integración social. El desarrollo humano y los derechos humanos se consolidan al aunar el esfuerzo de todas las personas a fomentar el respeto por sí mismos, por los demás y por su entorno.

Si bien la Convención Americana consagra el derecho al desarrollo progresivo (artículo 26), al igual que el Protocolo de San Salvador, el Informe de la Comisión de Brundtland (1987) define al desarrollo sostenible como aquel que “satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Este comprende que la dimensión social, medioambiental, cultural y económica se encuentran interconectadas para que el desarrollo sea sostenible, es decir, una visión futurista respecto de las acciones destinadas a mejorar la calidad de vida.

“El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.

Los también conocidos “DESC”, son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas necesarias para una vida digna y libre. Estos comprenden cuestiones laborales, alimentarias, educativas, de la salud, seguridad social, vivienda, cultura, agua y medio ambiente adecuado. Los DESC buscan la protección y el desarrollo de comunidades con justicia económica, bienestar social e igualdad.

Este grupo de derechos fueron primeramente consagrados internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, a nivel interamericano, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos específicamente en su artículo 26. Asimismo, la referida Convención cuenta con un protocolo adicional sobre dicha materia, también conocido como “Protocolo de San Salvador”. Los Estados que han ratificado o ratifican estos instrumentos internacionales asumen la obligación de respetar, proteger y cumplir con los DESC, evitando cualquier tipo de discriminación en el acceso de su población a los mismos.

El tema de población y desarrollo gira entorno a la formación, creación e implementación de estrategias a nivel internacional que garanticen que el aumento poblacional se desarrolle en forma sostenible bajo el respeto de las condiciones medio ambientales, un adecuado uso de los recursos naturales y el desarrollo económico y social de los seres humanos.

La pobreza generalizada y la mala distribución de la población deriva, en gran medida, del crecimiento poblacional acelerado y descontrolado que genera una pesada carga en el medio ambiente y pone en peligro los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones más vulnerables. Ante ello, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas (El Cairo, 1994) planteó objetivos en la temática a nivel mundial. Como consecuencia, en los últimos años, se ha otorgado especial importancia a la protección de los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas.

Si bien no existe un tratado interamericano que regule de forma explícita dicha temática, la Convención Americana la incluye en forma indirecta y, en base a ello, se ha desarrollado jurisprudencia en la Corte Interamericana.

La definición de Medios de Vida Sostenibles (MVS) se generó a partir del Informe Brundtland y nace en el año 1992 por Robert Chambers y Gordon Conway, como aquella referida a “las capacidades, los activos o recursos materiales y sociales y las actividades requeridas para satisfacer una forma de vida”.

“MVS refiere a las capacidades, los activos o recursos materiales y sociales y las actividades requeridas para satisfacer una forma de vida”.

La importancia de los MVS se centra en las familias o comunidades en situación de vulnerabilidad, quienes para fortalecer su resiliencia, puedan generar sus propios recursos para satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Un ejemplo de esto, lo constituyen actividades económicas relacionadas al auto-empleo y emprendimientos productivos.

Diferentes agencias de Naciones Unidas como la FAO y ACNUR, han acogido los MVS como eje transversal para la formulación e implementación de componentes en proyectos de desarrollo que buscan fortalecer la consecución de soluciones oportunas y duraderas en el marco del respeto por los derechos humanos.

El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual constituye un Plan de Acción para fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Dicha agenda contiene diversos objetivos, tales como: lograr la seguridad alimentaria, erradicar el hambre, asegurar el acceso al agua y a la energía, lograr la igualdad de género, garantizar una vida sana y una educación de calidad, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover el crecimiento económico, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia, entre otros objetivos.

Es importante mencionar que si bien se incluye el objetivo de erradicar la pobreza, también se lo considera el mayor obstáculo para alcanzar el resto de los objetivos propuestos. La encargada de velar que se cumpla la Agenda los próximos 15 años es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Agencias de la ONU, científicos, el sector privado y la sociedad civil preocupados por los cambios irreversibles que causan las altas temperaturas globales en nuestro planeta, realizaron un acuerdo que erige un nuevo mundo para las generaciones futuras. Dicho documento consolida la visión de más de 190 países que se comprometen en trabajar para reducir el carbono, en un entorno sostenible y resiliente.

En consecuencia, se creó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático que entró en vigencia el 4 de noviembre de 2016. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) viene trabajando ampliamente con diversos países para ayudarlos a identificar áreas prioritarias, para lo cual impulsó un seminario mundial en Bruselas sobre la implementación de los Índices Nacionales de Mitigación Climática (INDC) en alianza con la United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC) y la Unión Europea. En los países de Latinoamérica y el Caribe se han reunido en Costa Rica y programan reuniones a nivel regional para evaluar estrategias en base a los compromisos asumidos internacionalmente.

El IPV es un indicador numérico, realizado y presentado por la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en su “Informe Planeta Vivo”. Dicho indicador muestra los cambios en la biodiversidad de la tierra a partir del año 1970. Por medio de esta nueva herramienta se ha demostrado un descenso de un 30% de la biodiversidad mundial, lo cual significa que en poco menos de medio siglo nuestro planeta ha perdido casi la tercera parte de sus recursos y diversidad biológica. Como consecuencia de la explotación no siempre eco-inteligente de los recursos y el cambio climático, entre otras causas, América Latina presenta la disminución más acentuada, con una caída algo superior al 80% (WWF, 2014).

Con el objetivo de lograr un desarrollo y futuro sostenible para la humanidad, donde se concilien las necesidades de los seres humanos como especie con el resto de las especies con las que compartimos nuestro planeta tierra, es que se deben de redoblar los esfuerzos en pro del cuidado del medio ambiente y su biodiversidad para crear una cultura de respeto medioambiental en la sociedad presente y en las futuras generaciones.