A PROPÓSITO DE LA CARAVANA DE MIGRANTES

El pasado 13 de octubre más de mil hondureños salieron en caravana desde la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras con el objetivo de llegar a Estados Unidos. A esta se le sumo una segunda de El Salvador con el mismo destino. Luego de cruzar la frontera entre Guatemala y México, la multitud alcanzó unas 7000 personas según diversas fuentes procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala (El Mundo, 2018). Al respecto, podemos decir que estas personas se encuentran ejerciendo un derecho y los gobiernos en lugar de empatizar con sus causas, estarían eligiendo verlas como una amenaza por las represarías económicas que podría imponerles Estados Unidos si logran su cometido de llegar a sus puertas.

En principio, la cuestión migratoria ha sido para el actual Presidente Trump una táctica que le trajo sus lógicos beneficios para estar donde se encuentra. Sin embargo, en medio de la campaña electoral de medio término la caravana no fue más que un buen instrumento para varios titulares. Además de ser útil para presionar a los gobiernos de Centroamérica con el objetivo de detener el exódo.

Debido a que el rápido avance de la caravana les impidió restringir políticas de tránsito como el Convenio Centroamericano de libre movilidad (CA-4) –que permite el libre ingreso de los ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua–, el personal migratorio y las fuerzas de seguridad desplegadas advirtieron sin mérito el peligro de continuar su camino hacia Estados Unidos. Asimismo, los medios de comunicación abordaron la cuestión dando lugar a las declaraciones de Trump respecto al número de efectivos movilizados en la frontera sur, la presión sobre el gobierno de México y sus acusaciones sobre la existencia de delincuentes entre quienes integran el éxodo.

Estas tácticas no han evitado que la caravana continúe avanzado a pesar de las amenazas de la Patrulla Fronteriza, milicias y activistas de extrema derecha, quienes enunciaron sus planes de detener el afluente migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos. Tampoco el hecho probable que de lograr el éxito de llegar a destino sean deportados, no puedan solicitar refugio -a pesar de ser un derecho reconocido-, no puedan regularizar su situación migratoria, no puedan acceder a servicios básicos, y la posibilidad de ser sometidos a subempleos, incluso a trabajo esclavo, ser objeto de discriminación y xenofobia en un territorio que “oficialmente” no los espera.

Por las razones planteadas, es necesario abordar las circunstancias que motivan a miles de personas (mujeres, niños, niñas y adolescentes acompañados por sus padres o no) a someterse al desarraigo, cruzar fronteras y caminar miles de kilómetros sometiéndose a circunstancias impensadas que además del cansancio, calor, frío, hambre, sed, intemperie, incluye la posibilidad de ser víctimas de diversas violaciones a sus derechos humanos (como ser: abusos sexuales, víctimas de redes de trata de migrantes o, incluso, la perdida de sus vidas). Ello evidencia que el éxodo no se encuentra motivado en un afán de aventura, sino en la grave situación de privación en el acceso y goce a derechos en la que se encuentran en sus países de origen, la que atendiendo a las circunstancias actuales de la región ha devenido intolerable para la población, frente a la aquiescencia de las autoridades dentro del marco de Estados fallidos (CIDH, 2018).

Según Amnistía Internacional, en Honduras los niveles de inseguridad y violencia son altos, la impunidad generalizada debilita la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia, las protestas son brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad, además de ser uno de los países más peligrosos de las Américas para los defensores y defensoras de los derechos humanos (Amnistía Internacional, 2018)

Por su parte, Human Rights Watch agrega que la tasa de homicidios sigue siendo una de las más altas del mundo, las personas más vulnerables a la violencia son periodistas, activistas ambientales y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT), además de los casi nulos esfuerzos para brindar seguridad pública por la corrupción y el abuso, el poder judicial y la ineficacia de la policía (Human Rights Watch, 2018).

Esta situación es similar a la de El Salvador, donde según Amnistía Internacional el elevado índice de violencia de género lo ubica como uno de los países más peligrosos para las mujeres, además de mantenerse prohibido el aborto, las mujeres son declaradas culpables de homicidio agravado después de haber sufrido un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas. Sumado a ello, y con la finalidad de combatir la violencia, el gobierno aplicó medidas de seguridad que no cumplen las normas de derechos humanos permitiendo un estado de impunidad por abusos cometidos en el pasado (Amnistía Internacional, 2018). Por otra parte, el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos señala que los principales problemas de derechos humanos provienen de la extorsión generalizada y otros delitos en las comunidades pobres de todo el país, a lo que el débil estado de derecho contribuye a los altos niveles de impunidad y abuso del gobierno, incluyendo homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, discriminación, retraso y la falta de cumplimiento de las sentencias judiciales; discriminación basada en el género y la explotación sexual comercial de mujeres y niños (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2017).

En cuanto a Guatemala, Amnistía Internacional reporta que existen altos niveles de desigualdad y violencia, los defensores y defensoras de los derechos humanos, y en especial quienes trabajaban sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, corrían un grave peligro y debían hacer frente a campañas de difamación. La impunidad y la corrupción, debilitan la confianza de la opinión pública en las autoridades locales, además de obstaculizar el acceso a la justicia. Varios casos de gran repercusión sobre crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado siguen sin investigación ni resolución aparente. Otros problemas de derechos humanos incluyen condiciones penitenciarias potencialmente mortales; detención preventiva prolongada; restricciones a la libertad de expresión y de prensa; trata de personas; tráfico de migrantes, incluidos los niños no acompañados; y la discriminación contra las personas con discapacidad y las personas con VIH / SIDA. También existe una discriminación generalizada y violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) (Amnistía Internacional, 2018).

En medio de este contexto existen personas que desean ejercer sus derechos humanos, los cuales se caracterizan por ser universales, interdependientes e indivisibles como es el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la salud, la libertad de expresión o cualquiera del mismo orden. Quienes se han visto en la necesidad de sumarse a la caravana desean la libertad de poder elegir las condiciones de su existencia y esto luego de considerar que no se encontraban “seguras”.

Es en este sentido que el concepto de seguridad humana, definido en 1994 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), adquiere especial importancia al referirse a “la protección esencial de todas las vidas humanas de forma libre y plena en el ejercicio de sus libertades, de situaciones y amenazas críticas” (PNUD, 2011), dado que esta se vincula con la libertad como derecho a elegir de cada persona su destino, la libertad del miedo, libertad de la necesidad y libertad para vivir con dignidad. Es decir, que la interconexión de las condiciones en los que se encontraban las personas que integran la caravana están vinculados a la falta de seguridad humana y es por ello que buscan la libertad de elegir su destino.

Es el Estado quien primero debe “generar las condiciones de vida mínima compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan. En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria” (Sentencia Corte IDH, 2005).

A la responsabilidad Estatal se debe sumar que se destinaron 539 millones de dólares en el año 2017 como ayuda internacional de acuerdo con la agencia estadounidense para el desarrollo internacional (USAID) hacia Guatemala, Honduras y El Salvador (El Mundo, 2018). Por lo cual, la amenaza del presidente estadounidense de restringir hasta eliminar la ayuda a dichos países parece irrisoria dado que es evidente que la misma no está siendo utilizada eficazmente para evitar que miles de personas huyan o deseen huir de estos países.

Cuando la impunidad de la delincuencia, la violencia y los abusos de los derechos humanos son la norma, la movilidad humana se vuelve un fenómeno cada vez más masivo que transciende las fronteras. Es por ello, que debemos plantearnos seriamente un cambio estructural que permita vivir con dignidad. Para lo cual se necesitan nuevos enfoques y soluciones mundiales, siendo este el real desafío que representa el Pacto Global de Refugiados, el cual intenta comprometer a la comunidad internacional a adoptar un enfoque integral que garantice una “acogida rápida, respetuosa, humana y digna, que se centre en las personas y tenga en cuenta las cuestiones de género” (ONU, 2016). Este Pacto es cada vez más necesario frente al avance de políticas restrictivas, xenófobas y medidas militarizadas, que no hacen más que enfrentarse a personas que solamente buscan un mínimo de dignidad para sus vidas y no tienen nada que perder. No permitamos que el mundo se acostumbre, como dijo Hobsbawn respecto del fin de la Segunda Guerra Mundial, “al destierro obligatorio y a las matanzas perpetradas a escala astronómica, fenómenos tan frecuentes que fue necesario inventar nuevos términos para designarlos” (Hobsbawn, 1994), no se necesitan más términos, sólo se necesitan soluciones sustentables que nos permitan vivir con dignidad.